¿La mejor alcaldesa alguien procesada judicialmente pendiente de sentarse en el banquillo por delitos muy graves? ¿Qué concepto tiene el PP del resto de los vecinos de Telde? ¿Y de su código ético interno? ¿Y de su propio Reglamento y Estatutos?
En los últimos tres años se ha convertido en habitual que el Partido Popular se enfrente a los problemas recortando derechos civiles y políticos.
En la sentencia del Caso Europa una vez más: hace desaparecer la corrupción llenándola de impunidad; la lógica manipulada, si no hay castigo no hay delito. Aún más, la manipulación sirve igual para los culpables que para el exculpado.
El Caso Europa se ha sustanciado en el TSJC porque el señor Rodríguez, Don Jorge, diputado y portavoz de economía del PP en el Parlamento de Canarias, estaba imputado por el delito de Tráfico de Influencias a favor de su cliente, el condenado señor Antón, que le pagó 60.000 euros por su labor de intermediación ante el Ayuntamiento de Telde, en concreto ante su Alcalde el señor Valido, Don Francisco y la concejala la señora Martín, Doña Sonsoles. La sentencia establece como hechos probados la intermediación y presencia del señor Rodríguez en las reuniones de su cliente y los políticos.
Pero tanto el Alcalde como la concejala declararon que "no se sintieron presionados", ¡¡ solo faltaba que se hubiera auto-inculpado!! Así que el tribunal ha decidido que tiene dudas de que el señor Rodríguez presionara con la suficiente fuerza a sus compañeros de partido como para que su intermediación sea delito. Y ante la duda, exculpación. Lo manda la Ley. Sin presionar mucho seis condenados a penas de cárcel e inhabilitación... ¿Qué hubiera pasado si hubiera presionado lo suficiente?
Conocida la sentencia, ha entrado de cabeza el señor Antoná, secretario del PP de Canarias y delegado principal del señor Soria mientras está ocupado en Madrid.
"En el PP sabíamos de su honestidad" declara el señor Antoná. Lo cual deja en la duda si en el Partido Popular consideran al señor Rodríguez, Don Jorge, muy honesto o poco honesto, dado que el Tribunal le ha exculpado aún habiéndose probado que intermedió entre el Grupo Europa y el alcalde Valido.
Tampoco nos debe extrañar mucho esta reacción del señor Antoná que es, también, diputado del Parlamento de Canarias. Cuando el Fiscal anticorrupción del Caso Faycán hizo públicas sus acusaciones y dijo que la señora Castellano, María del Carmen, y el resto de su organización utilizaron al PP para "llenarse los bolsillos", la señora Roldós, también diputada del PP en el Parlamento de Canarias, dijo aquella frase que debemos recordar los próximos meses. "Mari Carmen Castellano es la mejor Alcaldesa que puede tener Telde".
¿La mejor alcaldesa alguien procesada judicialmente pendiente de sentarse en el banquillo por delitos muy graves? ¿Qué concepto tiene el PP del resto de los vecinos de Telde? ¿Y de su código ético interno? ¿Y de su propio Reglamento y Estatutos?
La exculpación firme del señor Rodríguez, Don Jorge, queda ahora en manos de la Fiscalía que deberá decidir si recurre ante el Tribunal Supremo. Pero sigue habiendo responsabilidades políticas sin resolver. La participación del señor Rodríguez, Don Jorge, en el Caso Europa incumple lo señalado como Deberes de los Diputados en el Reglamento del Parlamento de Canarias:
"Artículo 17.- Los diputados no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional."
Tal y como dice la sentencia, el diputado Rodríguez, Don Jorge, utilizó su cargo para mediar en negocios inmobiliarios de su cliente.
"Artículo 18.- 1. Los diputados deberán efectuar declaración de sus bienes patrimoniales y de las actividades que les proporcionen ingresos, a efectos de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo."
Debemos suponer que dada la honestidad a le que alude el señor Antoná, el diputado Rodríguez habrá declarado los pagos por 60.000 euros que la sentencia dice que le pagó su cliente el señor Antón.
"Artículo 19.- 1. Los diputados deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes."
El Parlamento deberá decidir si la intermediación en negocios inmobiliarios es compatible con la condición de representante de la soberanía popular canaria del señor Rodríguez, Don Jorge, sobre todo cuando la sentencia dice textualmente que tenía dedicación exclusiva en su actividad como parlamentario... Todo ello me deja con dos dudas:
1.- ¿Recurrirá el señor Rodríguez la sentencia para rebatir los hechos que el Tribunal da por probados?
Posiblemente no. Para su exculpación el Tribunal ha necesitado una argumentación que supera los 10 folios. El más largo de toda la sentencia. Han tenido que buscarle los pelos al huevo.
2.- ¿El Presidente del Parlamento abrirá un expediente de investigación contra el señor Rodríguez por incumplimiento del Reglamento fundamentado en los hechos que la sentencia da por probados?
Posiblemente no. El Parlamento es un club muy selecto en el que no es extraño que los parlamentarios tengan pluriempleo asesorando a empresarios en "relaciones extraordinarias" con los Ayuntamientos. Sobre todo el de Telde. Valga como ejemplo el señor Miguel Cabrera Pérez-Camacho, diputado del PP, ¡¡Cómo no!! defensor de Don Ambrosio Jiménez en el Caso La Mareta, en el que su cliente cobró ilegalmente 13,2 millones de euros pagados por la señora Castellano y su Gobierno, incluido el señor Reyes, don Guillermo.
En definitiva, quedarán impunes los comportamientos "irregulares", tanto desde el punto de vista penal como político. Y al no existir castigo, no existe corrupción.
Regeneración democrática lo llaman en el Partido Popular de Madrid.
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