Domingo Rigüela Padrón | OPINION

El gobierno desobediente. ¿Casualidades de la vida?

En de septiembre de 2014, reiteramos la iniciativa y, además de repetir la pregunta del mes de enero, presentamos una nueva pregunta al señor Pablo Rodríguez para que las contestara en el Pleno de ese mes: “¿Cuando ha iniciado la concejalía de urbanismo el expediente para la anulación, por el Pleno municipal, de las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación aprobados en la Junta de Gobierno Local de 22 de octubre de 2013, y de las actuaciones que se hayan realizado para la constitución de dicha Junta de Compensación?”

A pesar de las pomposas declaraciones del presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados, la última encuesta del CIS muestra que la preocupación de los ciudadanos por la corrupción está en máximos. Lo cual no es de extrañar ante las distintas ocurrencias de los dirigentes del PP para proteger las corrupciones y a los corruptos.

En Telde, con el visto bueno del señor Soria y el resto de la cúpula del PP, tenemos un claro ejemplo en la protección que la alcaldesa y el concejal de urbanismo, Pablo Rodríguez, secundados por el resto del pacto de gobierno, dan a las ilegalidades cometidas en los proyectos de Don Ambrosio Jiménez y sus empresas.

Uno de esos asuntos es la promoción y construcción por una empresa del promotor de la tienda de Decathlon y sus aparcamientos ocupando ilegalmente el suelo propiedad de unos vecinos de Telde que no cuentan con la protección del gobierno municipal. Vecinos que en 2004 denunciaron el Convenio firmado por el pacto de gobierno del PP-CIUCA y el empresario; vecinos que obtuvieron una sentencia favorable a sus peticiones en octubre de 2009.

Sentencia que ningún gobierno municipal, ni NC-PSOE-CCN, ni PP-CIUCA-CC, ni PP-CC-CCN, han querido cumplir desde entonces. Imagino que por el agradecimiento que le deben por financiarles las campañas electorales, o eso dice el señor Jiménez. Agradecimiento que, evidentemente, no tienen con una familia normal, ciudadanos de "a pie" como la mayoría de los vecinos de Telde.

Con fecha 22 de octubre de 2013, a petición del promotor, y presentada por el concejal de urbanismo, el señor Pablo Rodríguez, la Junta de Gobierno Local aprobó la constitución de una Junta de Compensación como medio para hacer ver que cumplían con el juzgado y dar visos de legalidad a la ilegalidad sentenciada.

Con fecha 6 de noviembre de 2013 enviaron certificación del acuerdo al juzgado, el cual, después de ponerlo en conocimiento de los vecinos afectados por la ocupación ilegal de sus propiedades, volvió a dictar un Auto con fecha 20 de mayo de 2014 en el que reiteraba que con la aprobación de la Junta de Compensación, el gobierno seguía sin cumplir la sentencia y volvía a dar, por tercera vez un plazo de cinco días al ayuntamiento para que le comunicara la restitución de los terrenos ocupados por Don Ambrosio a sus legítimos propietarios.

La efectividad de la comunicación de la desobediencia, que ha hecho el juzgado a la fiscalía, no ha debido de preocupar mucho a la alcaldesa ni al concejal de urbanismo, porque a día de hoy siguen en su empeño de hacer operativa la Junta de Compensación propuesta por el empresario.

Así, el pacto de gobierno, en el Pleno de mayo de 2014, aprobó los Estatutos y Bases de la Junta de Compensación propuesta; y la Junta de Gobierno Local del día 24 de septiembre de 2014 acordó aprobar el Proyecto de Compensación y la "monetización" del 10% del aprovechamiento que, por ley, le corresponde al ayuntamiento en la Junta.

Es decir, han acordado cobrar una cantidad de forma ilegal puesto que el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas ya les comunicó que la constitución de una Junta de Compensación no cumple el mandato de la sentencia:

"La reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a su aprobación, que pasaría, si de ello hubieren sido privados, por la restitución a los ejecutantes de la posesión de los terrenos cuya titularidad ostentan"

Este comportamiento, acorde con la cultura de "ilegalidad y desobediencia" que constituye la Marca PP - CIUCA, autores de las ilegalidades cometidas en Decathlon, y del PP-CC-CCN desobedeciendo todas las órdenes judiciales, explica que Más por Telde no haya tenido contestación en sus iniciativas sobre esta sentencia y la recuperación de sus derechos por parte de los vecinos "expropiados" por la acción del promotor.

En enero de 2014, Más por Telde presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitaba:"copia del auto del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas por el que se comunica al ayuntamiento de Telde que con los acuerdos del pleno de 22 de octubre de 2013 considera cumplida la sentencia y lo ordenado en su Auto de febrero de 2011". Sin contestación hasta la fecha.

En de septiembre de 2014, reiteramos la iniciativa y, además de repetir la pregunta del mes de enero, presentamos una nueva pregunta al señor Pablo Rodríguez para que las contestara en el Pleno de ese mes: "¿Cuando ha iniciado la concejalía de urbanismo el expediente para la anulación, por el Pleno municipal, de las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación aprobados en la Junta de Gobierno Local de 22 de octubre de 2013, y de las actuaciones que se hayan realizado para la constitución de dicha Junta de Compensación?"

Evidentemente seguimos esperando contestación a las dos preguntas.

Por último, ante el reiterado silencio del señor Rodríguez el pasado mes de noviembre, solicitamos al Secretario acceso al expediente para conocer directamente los distintos escritos del Juzgado. Pero tampoco pudo ser. Los autos judiciales relativos al expediente los tenía el concejal responsable de la asesoría jurídica, el señor Francisco Lópezo.

Una vez más, es la prensa la que nos da la información que el gobierno nos niega. Así nos enteramos del procesamiento de la alcaldesa, que posiblemente la fiscalía tendrá que ampliar al pacto de gobierno al completo a raíz de su complicidad en la desobediencia al aprobar en el Pleno del mes de mayo de 2014 el Plan de Compensación, cuando sabían, desde unos días antes, que el juzgado de lo contencioso había dicho que, la maniobra del empresario apoyada por la alcaldesa y Pablo Rodríguez de constituir una Junta de Compensación, es ilegal por no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 2009.

Dos años antes. Mayo 2012. El ayuntamiento paga a este señor 13,2 millones de euros a pesar de una sentencia del mismo Juzgado de lo Contencioso número 3 de Las Palmas.

¿Casualidades de la vida?

 

Comentarios

Otras opiniones de este autor