Los clientes de la banca vienen sosteniendo una lucha judicial, que dura ya más de cinco años, para que se declaren abusivas las clausulas de los préstamos hipotecarios que les cargan con todos los gastos: clausulas suelo, gastos de formalización, tasación, comisión de apertura o los intereses de demora, entre otros.
Lucha en la que ha brillado más la defensa de los consumidores por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que por el Tribunal Supremo y la legislación española.
El penúltimo episodio de esta lucha es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que grava la escritura de la hipoteca y que vienen pagando los clientes que piden un préstamo para comprar la vivienda, "en base" a las directrices del Tribunal Supremo.
Pero sin motivo conocido, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que contradice todas las decisiones anteriores: el Impuesto lo tiene que pagar el Banco.
La decisión ha caído como un terremoto entre los bancos y en el Gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del cambio, aunque quienes se ven afectados son los gobiernos autonómicos, entre ellos el Gobierno de Canarias, puesto que es un impuesto transferido a los Gobiernos Autonómicos.
A los bancos les supone pagos a las Haciendas Autonómicas por un importe entre 2.000 y 8.000 millones de euros dependiendo de la retroactividad de la sentencia.
Y el Gobierno del señor Clavijo se encuentra obligado a devolver a los ciudadanos ese dinero y reclamárselo a la Banca ya que se lo ha cobrado a quien no debía.
Así que, 24 horas después de conocida, el Presidente de la Sala de lo Contencioso ha dejado en suspenso la sentencia de sus "subordinados" de la Sección Segunda, y ha decidido que sea el Pleno de la Sala, los 31 Magistrados, el que tome la decisión de quien es el "Sujeto Pasivo" obligado a pagar: el Banco o el cliente.
Sin embargo, la sentencia es firme y de aplicación inmediata, así que dejarla en suspenso es un hecho insólito en los países democráticos con una Administración de Justicia independiente y no politizada, o eso tendría que ser.
Estos comportamientos de los cargos políticos de la Administración de Justicia solo provocan desconfianza en nuestros jueces y tribunales, y parecen demostrar el sometimiento de los poderes del Estado a los intereses de la Banca, con total y absoluto desprecio a los Derechos elementales de los ciudadanos.
Sometimiento y entrega. Primero fue "salvar" a la banca derrochadora, particularmente a las Cajas de Ahorro, controladas por las Comunidades Autónomas y Cabildos, miles de millones de euros de dinero público, del dinero de todos, para cubrir los desmadres económicos realizados por directivos que, en la mayoría de los casos, eran colocados a dedo por los políticos de turno y servían a sus intereses.
Luego el posible y prometido impuesto a la banca para incrementar el gasto público de los partidos "progresistas". Los señores Sánchez e Iglesias han cerrado el acuerdo de Presupuesto General del Estado, pero de eso nada. La Banca y sus intereses no se tocan.
Y ahora esto, la guinda al pastel del despropósito de los que "Administran e imparten Justicia" y de aquellos "políticos" que dicen estar al servicio de todos.
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