No se me ocurre un acto que ponga más en evidencia el fracaso de la legislación de los Ayuntamientos en España y, por lo que nos afecta, en Telde. Y lo más grave es que nada en la actualidad o en el horizonte más próximo señala que esta situación vaya a cambiar.
El 35 aniversario de las primeras elecciones municipales celebradas al amparo de la Constitución de 1978, 3 de abril de 1979, Telde "lo ha celebrado" con un Pleno Municipal en el que lo más importante que se trató no fueron fórmulas de mejor y más eficiente gobierno, o más servicios a los ciudadanos. Lo más importante fue un acuerdo genérico de reprobación del uso malicioso y partidista de los juzgados en la actividad política. ¿Quién define lo que es o ha sido malicioso y partidista?
No se me ocurre un acto que ponga más en evidencia el fracaso de la legislación de los Ayuntamientos en España y, por lo que nos afecta, en Telde. Y lo más grave es que nada en la actualidad o en el horizonte más próximo señala que esta situación vaya a cambiar.
La tan socorrida "autonomía municipal" que consagra la Constitución ha servido para que los partidos políticos, presentes en las Cortes Generales durante estos 35 años, hayan parido una legislación que convierte a los Ayuntamientos en auténticas "cajas negras" de prevaricación, abuso de poder y malversación del dinero de todos que nadie fiscaliza ni controla. Y solo me refiero a las Cortes Generales porque el Parlamento de Canarias del PP, PSOE, CC y NC no ha tenido tiempo en 35 años de hacer una Ley Canaria de Ayuntamientos.
No existe ningún instrumento, fuera de los juzgados que ejerza control y fiscalización de forma rápida y eficaz. Y de eso, en estos últimos dos años, Más por Telde ha sido "testigo directo". La impunidad campa a sus anchas. "Nadie vigila al vigilante". Telde, ejemplo de ello.
No obstante, al margen del "pinchazo malintencionado del bando progresista a la prensa afín" y el apoyo al "fondo" de la moción por parte de Más por Telde en el Pleno, a mí, personalmente, estando de acuerdo con su "espíritu" me pareció insuficiente. Por varias cuestiones:
1. Ejercicio de "hipocresía". Actitud lamentable de aquellos que siendo miembros del grupo denunciante del Caso Alisios ahora den lecciones de "ética y moral" apoyando esta moción. Recordemos que quien inicia y pone la denuncia contra Jiménez es el Gobierno Local en 2005. ¿Quién lo conformaba? Reyes, Castellano, Martín, Martel y compañía. ¿Y ahora? ¿Usaron de forma maliciosa los Juzgados con dinero público? Igual la reprobación quedó muy corta.
2. Ejercicio de "demagogia". Resulta inexplicable que aquellos, llámese miembros del Gobierno, "condenen ahora la actitud del Funcionario" cuando hasta hace unos meses lo tenían como "hombre de máxima confianza". Procesado por posibles delitos urbanísticos pero le nombran Jefe de Servicios del área. Procesado por posible acoso a un empleado público pero le nombran Director General de Recursos Humanos. ¿Qué ha cambiado? ¿Es que no es tan responsable el funcionario como aquellos que en 2005 le siguieron en su denuncia? ¡¡¡Vergonzoso!!!
3. Sumamente grave es que un funcionario tenga abierto un procedimiento penal, a instancia de la fiscalía que ha actuado "de oficio", por la posible falsificación de documento público y expediente administrativo y ninguno de los partidos y concejales que ha pasado por el gobierno de Telde desde que la fiscalía denunció, hayan hecho lo que la ley les obliga: abrir expediente administrativo al citado funcionario. Lo curioso es que ni NC, promotor de la moción, ni mi respetado y apreciado Ildefonso Jiménez lo han pedido.
4. En la prensa leemos que en el Caso Europa, en el que se juzga, entre otros, al tan meritado funcionario, esta vez por cohecho, los peritos han declarado que la famosa libreta en la que aparecen anotadas las comisiones que se repartieron distintos concejales de Telde, fue efectivamente escrita por la extinta concejala. Probablemente, nadie tendrá un ataque de sentido democrático y presentará su dimisión. Y segunda ocasión perdida para abrir expediente sancionador. ¿Será que existen "los papeles de Mena"?
Todo tiene que esperar a los juzgados, tribunales y sentencias. Y estos mismos que proclaman y defienden la espera, dicen al mismo tiempo que "no se deben usar los juzgados en la vida política".
¿Entonces qué se debe usar contra el abuso de poder, la malversación, el cohecho o la prevaricación si no hay instrumentos administrativos ni políticos? ¿El silencio?
En España no existe un mecanismo administrativo de control que sea rápido y eficaz. Ni siquiera existe un mecanismo político o social. La opinión pública no cuenta "hasta que haya sentencia". No tenemos eso que los ingleses llaman "check and balance" y que podríamos traducir por "fiscalización y redición de cuentas" ante la sociedad.
Por cierto, hoy, sin necesidad de moción de reprobación, ha dimitido la ministra de cultura de Inglaterra después de que durante 12 días la prensa denunciara que había obtenido 5.700 libras de subvenciones para su vivienda de forma fraudulenta.
En España el mundo al revés. Bárcenas, los ERES, la Gurtel, el Caso Faycan, o los pagos ilegales del crédito ICO a Ambrosio Jiménez, Aguas de Telde y otros. Aquí nadie se inmuta.
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