Hace muchos meses que el gobierno de Telde debería haber instruido expediente disciplinario con el fin de disponer la suspensión de funciones contemplada para situaciones como la del señor Mena imputado y ahora condenado en el Caso Europa.
Como expresaba en la primera parte, la sentencia del Caso Europa exculpa penalmente al señor Rodríguez, Don Jorge, portavoz de economía del PP en el Parlamento de Canarias, aunque las vergüenzas de sus actividades privadas, incompatibles con su dedicación como Diputado del Parlamento de Canarias, crean responsabilidades políticas y administrativas que deben ser "juzgadas" por el Presidente del Parlamento y la Comisión correspondiente. Salvo que en la política de impunidad propugnada por el PP consideren que no son tan "privadas" como para merecer sanción parlamentaria. Esperemos y... veremos.
Pero la sentencia del TSJC sí encuentra culpables de delitos muy graves a los funcionarios del Ayuntamiento de Telde al señor Santana y, de manera destacada, al señor Mena, el funcionario más procesado de Canarias.
Como es lógico en estos casos, los condenados anuncian recursos de casación ante el Tribunal Supremo que les permite retrasar su entrada en prisión. Pero ello son actuaciones en el ámbito penal que debieran haber tenido su réplica simultánea en la apertura de los correspondientes expedientes de responsabilidad administrativa.
Expedientes que no se han instruido por parte de los responsables del gobierno de Telde las últimas legislaturas. Responsabilidades políticas de los que, haciendo dejación de sus obligaciones, les proporcionan impunidad. En concreto, Reyes, López y la señora alcaldesa. Siempre, por supuesto, con el silencio cómplice del señor Rodríguez, Don Pablo.
La normativa recogida en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto 395/1995; y la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria es clara. En su artículo 92 la ley canaria establece:
1. La tramitación del expediente disciplinario a que puedan verse sometidos los funcionarios de las Corporaciones Locales Canarias, se ajustará en todo caso a lo dispuesto en las normas que regulen dicho procedimiento para los funcionarios de la Comunidad Autónoma.
2. Las faltas muy graves serán tipificadas por la legislación básica del Estado.
Hace muchos meses que el gobierno de Telde debería haber instruido expediente disciplinario con el fin de disponer la suspensión de funciones contemplada para situaciones como la del señor Mena imputado y ahora condenado en el Caso Europa.
La apertura del expediente se debió producir en el momento en que se iniciaron las Diligencias Previas y debería estar resuelto, al menos, desde que se conoció el escrito de acusación del Fiscal anticorrupción, decidiendo, la Suspensión Provisional de Funciones. Es más, tenía que haber estado resuelto desde que se confirma la falsedad documental en el Caso Alisios y la absolución de don Ildefonso Jiménez.
Es evidente para cualquiera, que esté comprometido con la legalidad en el servicio a los ciudadanos, que funcionarios procesados y, ahora, condenados por cohecho y falsedad en documento público, delitos cometidos aprovechando su puesto en el Ayuntamiento no pueden seguir ejerciendo sus funciones.
Pero también es verdad que el señor Mena es la salsa de todos los guisos de la posible corrupción que se han producido y se producen en el Ayuntamiento de Telde los últimos 12 años. Para no retroceder mucho en el tiempo valga como ejemplo la causa abierta por la falsificación del Convenio de La Mareta formalizado con don Ambrosio Jiménez el 2 de enero de 2012. Posible falsificación realizada estando al mando de la concejalía de Urbanismo el señor López, Don Francisco y como "socios mantenedores el señor Reyes y el señor Rodríguez".
Posiblemente esa es una de las razones que obliga a la Alcaldesa y al señor López, ex concejal de Recursos Humanos, y por ello responsable de abrir y sustanciar los expedientes disciplinarios, a guardar silencio. Posiblemente sea la razón por la que se limite a declarar irrelevantes obviedades... "El PP no tiene nada que decir ni que añadir, solo acatar la sentencia de principio a fin".
En definitiva, protección a los corruptos; impunidad de la corrupción. Como no hay castigo no hay delito. Regeneración democrática lo llaman en el Partido Popular. Parece evidente que lo que el señor Mena pueda saber o contar es motivo de preocupación política y justifica por sí solo la inactividad del Gobierno.
Pero esta búsqueda de impunidad se ha puesto imposible por la actuación de la Fiscalía anticorrupción. Donde el gobierno municipal de Telde no encuentra razón para abrir un expediente disciplinario, la Fiscalía pide el ingreso en prisión del señor Mena de forma inmediata, sin esperar a la decisión del Tribunal Supremo. Parece evidente que a los miembros de la Fiscalía anticorrupción no les preocupa el "archivo del señor Mena".
Esa posible información o conocimiento profundo, provoca la gran pregunta de los políticos que han gobernado en Telde, alcaldes y concejales de Urbanismo fundamentalmente, durante las cuatro últimas legislaturas y que han amparado sus actuaciones en los informes "a medida". No hay político que no haya excusado su culpabilidad fundamentada en los Informes Técnicos... Como dijo hace unos el señor Reyes, "siempre caen los mismos, los funcionarios, los políticos se salvan".
¿La petición de la Fiscalía es un movimiento para provocar "la colaboración" del señor Mena en otros casos abiertos?
Caso Los Alisios; Faycan; venta de la parcela de La Mareta a Ambrosio Jiménez en 2005 y pago por anulación de la misma en 2012; licencias del CC Las Terrazas. Unidos al Caso Europa pueden sumar más de 20 años de cárcel y la ruina económica de cualquier familia.
Difícil estancia en las instalaciones estatales de Juan Grande para estar en soledad. Sin posibilidad posterior de conservar la privilegiada condición de alto funcionario del Ayuntamiento de Telde.
La sentencia del Caso Europa es el anuncio de lo que está por venir.
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