Todos los ciudadanos de Telde sabemos que la Marca de Gobierno del PP, CC, CIUCA y el resto es la corrupción.
Los ejemplos de mayor importe económico, todos los vecinos, los conocemos porque tendremos que pagarlos: primero el más antiguo, el Caso La Mareta - Créditos ICO, que iniciado en 2003 ha tenido su último acto conocido en la sentencia del TSJC de noviembre de 2014. A la vuelta del verano citará a todos los tenientes de alcalde en el juzgado 2 de Telde.
En segundo lugar, el Caso Multicines, que solo tiene unos meses de recorrido y es pronto para saber a cuantos llevará al juzgado, cuanto tiempo durará y, lo más importante, cuánto nos costará a todos los vecinos.
Al gobierno municipal no le parece suficiente, y para dar mayor relevancia a la Marca Corrupción, han decidido despedir la legislatura con un Pleno para fijar un nuevo calendario de pagos de las expropiaciones. Convocatoria que en Más por Telde solo nos provoca una pregunta: a 4 días para la celebración de las elecciones locales ¿a qué vienen las prisas de la alcaldesa y su gobierno aprobando un expediente de pagos por expropiaciones sin los mínimos legales exigibles en el procedimiento de tramitación?
El listado de omisiones, faltas y contradicciones convierte al expediente en nulo de pleno de Derecho, artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y termina apareciendo la prevaricación, otra más, del artículo 404 del Código Penal. Algunos de los elementos de ilegalidad del acuerdo que se pretende tomar son los siguientes:
1º.- No existe informe de la Intervención municipal, obligatorio en cualquier asunto de índole económica, financiera y presupuestaria. Los tres informes emitidos sobre los pagos por expropiaciones emitidos por el ex Interventor en esta legislatura ni siquiera se mencionan.
Posiblemente porque son completamente opuestos en sus conclusiones al informe jurídico con el que se pretende sustituir el preceptivo de la Intervención y que sirve a la señora alcaldesa para justificar el acuerdo del Pleno. La operación recuerda los informes emitidos en el pago de los 13,2 millones a Don Ambrosio Jiménez. O los del Jefe de servicio de urbanismo que casualmente también aparece en este acuerdo de forma extemporánea, o en el Caso de los Multicines para justificar el injustificable pago de 7 millones de euros.
2º Se nos ha entregado un informe jurídico que se justifica, por la técnico que lo firma, con una petición de la señora alcaldesa "documento justificativo de las sentencias por expropiaciones con el importe real al día de la fecha con indicación de sus condiciones" de pago. El informe no hace nada de eso. Se limita a decir que copia una relación de deudas de julio de 2014.
Más adelante, se reconoce en el informe que en el Ayuntamiento de Telde las matemáticas y la contabilidad no son una ciencia exacta, sino aproximaciones "gordas" que suelen ser erróneas en cientos de miles de euros. Así el informe dice que es "una estimación aproximada" de la deuda, porque, conforme a la política de oscurantismo y falta de transparencia que caracteriza al gobierno, en Hacienda "no hay una base de datos que recoja la situación procesal de los procedimientos expropiatorios"; situación que debe avergonzar a la propia redactora del informe y trata de justificarlo diciendo que no hay medios personales en la Asesoría Jurídica que puedan tener un conocimiento preciso de los procedimientos incoados "porque han causado baja por enfermedad".
En esta situación y para dar una respuesta a la señora alcaldesa, el informe dice que se echa mano de una relación de fecha 4 de junio de 2014 "de la que se deduce que la deuda suma 36 millones de euros", de los que se han pagado 3 millones el día 12 de febrero de 2015 con cargo al presupuesto de 2014, por lo que concluye que la deuda es de 31 millones de euros.
Como ya hemos señalado en el ayuntamiento de Telde las matemáticas siempre son aproximadas. 36 millones de deuda menos 3 millones de pagos dejan una deuda pendiente de 31 millones de euros.
Aproximación "gorda" a la cifra real puesto que el señor Orts, Don Enrique comunicó reiteradamente al Ministerio de Hacienda, al Gobierno de Canarias y al Pleno municipal que la deuda era de 62 millones de euros más los intereses que siguen corriendo hasta el momento en que cada sentencia se termine de pagar. Intereses y retasaciones que el informe que se nos presenta también reconoce obligatorio pero que no cuantifica.
3º.- No solo no existe informe de la Intervención municipal sino que el Director General de Hacienda tampoco informa en el expediente ni presenta la propuesta. En cualquier caso, aparece, como en el Caso Multicines un informe del jefe del servicio de urbanismo que, como es habitual en sus escritos, concluye que no es de su competencia y que no sabe nada del asunto.
4º.- A pesar de las incongruencias e ilegalidades reseñadas la señora alcaldesa personalmente convoca y justifica la convocatoria de un pleno para acordar un calendario de pagos de expropiaciones.
Sin embargo, tanto el informe de la Asesoría Jurídica como el del jefe del servicio de urbanismo como el de la alcaldesa olvidan que existe un acuerdo del Pleno municipal de fecha 21 de junio de 2013 que establece un calendario de pagos de las expropiaciones y un orden de preferencias en los pagos que no ha sido anulado por el órgano competente y que, por lo tanto, se encuentra en vigor. Acuerdo que se ha incumplido por el Director de Hacienda y la señora alcaldesa al pagar 3 millones de euros el pasado 12 de febrero sin pedir la autorización del Pleno al suponer dicho pago un incumplimiento del acuerdo adoptado.
Así, uniendo a la nulidad de pleno derecho de la tramitación del expediente, la ilegalidad en el pago de 3 millones de euros y la ilegalidad manifiesta del acuerdo que se pretende tomar sin informe de la Intervención municipal, "a sabiendas" de su obligatoriedad, llegamos a la Prevaricación que la señora alcaldesa nos propone para terminar la legislatura. Una más.
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