En el Informe del GRECO del Consejo de Europa a que hice referencia en el primer capítulo de estas Crónicas de la Impunidad, se reconoce literalmente que la corrupción política que se ha convertido en sistémica con los gobiernos del PP, tiene su máxima expresión en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Y Telde se ha convertido en el ejemplo diario de ello con el gobierno PP-CC-CCN.
Así, el Caso Multicines es una nueva versión, mejorada y aumentada, de la corrupción del gobierno municipal que hemos visto en otros casos y cuya impunidad ha impulsado a los partidos del gobierno a elevar sus prácticas. Mientras en otros casos la tónica era falsificar documentos y expedientes, en el Caso Multicines la documentación, simplemente, ha desaparecido. Así lo certifica la arquitecta municipal en tres ocasiones a lo largo de su informe de 26 páginas del 15 de marzo de 2013 y obviado en la Junta de Gobierno Local del 28 de enero de 2014.
Desparecidos estos documentos e inmersos en esta situación de total ilegalidad impune, la señora Castellano ordenó la realización de un nuevo informe a la concejalía de Contratación, que ha justificado la aprobación, por la Junta de Gobierno Local del día 18 de marzo de 2015, de un pago de 6.118.101,60 euros a Multicines Telde, S.L.
En el expediente preparado según lo ordenado por la señora alcaldesa, sin que el expediente haya pasado por el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, o no consta, pero en el que se cita al Consejo Consultivo de la C. A. de Valencia, la propuesta del concejal de contratación se sostiene en un informe de la jefa del servicio y de la asesora jurídica de 24 folios.
Los 14 primeros se destinan a disquisiciones y variaciones sobre las leyes de Contratos Públicos y sus reglamentos sin orden ni objeto alguno que tenga que ver con el asunto concreto de la concesión de los multicines. Un "recorta y pega" de normas y leyes, hecho a la medida para justificar lo injustificable: la reclamación de 6 millones de euros de la empresa.
En los 12 folios restantes no hay ni una sola referencia a sentencias o jurisprudencia sobre resolución de contratos de concesión administrativa. No hay citas del Tribunal Supremo ni del TSJC o cualquier otro Tribunal Superior. En definitiva un informe sin razón alguna que justifique el pago de más de 6 millones de euros aprobado.
Para cumplir la Marca PP-CC-CCN de gobierno, que ya conocemos de otros casos, la Junta de Gobierno Local del 18 de Marzo, obviando nuevamente a la arquitecta, aprobó el pago sin el preceptivo e imprescindible informe del Interventor, o no consta.
Y, siguiendo la costumbre, no hay crédito aprobado en el presupuesto para dicho gasto. Lo cual convierte el acuerdo de todos los componentes de la Junta de Gobierno en una posible prevaricación conforme a la Ley de Haciendas Locales. Sin condiciones para la frase "he hecho lo que han dicho los técnicos". El interventor no ha dicho nada y la arquitecta ha dicho no.
Como consecuencia de la publicación de la primera de estas Crónicas de la Impunidad, la señora Castellano, convocó deprisa y corriendo, a las 15.30, una nueva Junta para anular el acuerdo de los multicines. Pero ella, 20 años de licenciatura en derecho y casi otros tantos de política nacional y local la avalan, sabe perfectamente que la anulación del acuerdo no se puede tomar porque "yo lo valgo". La Constitución Española dice que no puede ser un acuerdo "arbitrario". Es necesaria la apertura y tramitación de un nuevo expediente de anulación del acuerdo tomado.
El expediente de anulación deberá incorporar el informe de la arquitecta municipal, lo que dará transparencia y permitirá rendir cuentas de los métodos que se han venido utilizando por los distintos gobiernos de Telde en los asuntos de urbanismo y contratación. Ese expediente exigirá la rendición de cuentas y la explicación de la actividad del Estudio de Arquitectos redactor del Plan General de 2002, bajo la alcaldía del señor Santiago, Don Francisco, y que simultáneamente trabajaba para Multicines Telde, S.L.
Estudio que, por encargo de la concesionaria, certificó los inexplicables costes de construcción de 7.114.307,56 euros, sin justificantes y sin que dicho importe fuera fiscalizado por los técnicos de la concejalía de urbanismo, para la que simultáneamente el Estudio estaba trabajando. También deberá incorporar una investigación y reconstrucción de los desaparecidos expedientes originales.
Por último, el expediente deberá incorporar el informe de Intervención y la concejalía de Hacienda sobre el pago de los más de 6 millones de euros reclamados por la concesionaria de los multicines. Informe que debe tener presente, entre otras, la muy reciente STS, Sala de lo Contencioso, de 28 de enero de 2015, que deniega la reclamación realizada por las empresas ACS, Sacyr y Abertis (Caixa), concesionarias de la construcción y explotación de las autopistas de peaje R-3 y R-5 de Madrid, para reponer el "equilibrio económico-financiero de la concesión". Exactamente el mismo argumento que le ha servido a la concejalía de Contratación y a la Junta de Gobierno Local para, en contra del criterio del Tribunal Supremo, aprobar ilegalmente el pago de 6.118.101,60 euros.
Lo que aplicado a la reclamación de la concesionaria de los multicines, quiere decir que deberá fundamentarse exhaustivamente el pago de los 6,2 millones de euros, conforme al contrato firmado, puesto que el riesgo empresarial de obtener beneficios es de la concesionaria y no de los vecinos de Telde. El tripartito deberá asumir en algún momento que el dinero de todos los vecinos no es para el uso caprichoso del gobierno.
Una vez más, corrupción, gobierno de Telde, son términos sinónimos, equivalentes. La Impunidad alcanzada por la inactividad de los órganos que deben velar por la legalidad, que deben "actuar de oficio", es la nueva Marca del PP y sus socios. La marca Impunidad con la que pretende completar su marca Corrupción, convirtiendo así el Actuar de Oficio en el Oficio de no Actuar.
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